Más de 30 municipios sufren restricciones perimetrales por la Covid y al menos 600 limitaciones de algún tipo

Las restricciones a las entradas y salidas de nueve ciudades madrileñas, incluida la capital, y el consiguiente enfrentamiento entre el Gobierno central y el autonómico, han acaparado infinidad de titulares. Pero estas no son las únicas localidades españolas en las que se ha impuesto un confinamiento perimetral para intentar frenar la expansión del coronavirus en una segunda ola que está afectando con fuerza al país. La última actualización sitúa en treinta la cifra en todo el territorio nacional, a la que se suman multitud de municipios con algún tipo de limitación.

Con diez, Castilla y León es la comunidad con más localidades afectadas por restricciones a la movilidad. El Tribunal Superior de Justicia ratificó el viernes las órdenes de la Junta respecto a Palencia, León y San Andrés del Rabanedo. Íscar, Medina del Campo, Pedrajas de San Esteban y Carpio, en Valladolid; Miranda de Ebro y Sotillo de la Ribera, en Burgos, y Sotoserrano, en Salamanca, también están confinados perimetralmente.

En Madrid, a las limitaciones impuestas por el estado de alarma establecido por el Ministerio de Sanidad en la capital, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz, hay que añadir las decretadas por el Ejecutivo regional en siete zonas básicas de salud. Junto a Villa del Prado, Humanes y Reyes Católicos, en San Sebastián de los Reyes, desde este lunes cuentan con restricciones de movilidad y actividades Colmenar Viejo Norte, en Colmenar Viejo; la zona básica de salud de Arganda del Rey, en el municipio del mismo nombre; Valleaguado, en Coslada; y Sierra de Guadarrama, en Collado Villalba.

Andalucía tiene tres municipios en esta situación. Se trata de Casariche, en Sevilla; Almodóvar del Río, en Córdoba, y Linares, en Jaén. En este caso la justicia también ha avalado estas medidas adoptadas por la Junta al considerar que son «imprescindibles» para «garantizar la salud pública de los vecinos.

Lo mismo ha ocurrido en Galicia, donde se ha prohibido salir de Ourense y Barbadás, medidas que los jueces admiten que «implican la privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental», pero que tienen «amparo en las leyes que fundamentan la solicitud». Los magistrados concluyen que son «idóneas para la prevención y protección de la salud de la población a la que van destinadas; necesarias, dada la constatación de una situación de peligro actual y real; y proporcionadas, ponderando los diferentes intereses en conflicto”. El auto entiende que la decisión está justificada en el informe de la Consellería de Sanidad sobre la situación de la pandemia en esas zonas.

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