El Banco de España retrasa la recuperación económica hasta 2022

El Banco de España ha presentado su informe anual, correspondiente al año 2019, en el que avisa de la incertidumbre y retrasa la recuperación económica hasta el 2022. La entidad incide en que existe una notable incertidumbre sobre el porcentaje de empleados en ERTE (casi 2 millones a cierre de junio) que acabará recuperando su empleo.

Señala que la movilidad de los empleados más perjudicados por la crisis es en general escasa, especialmente en la hostelería y el comercio, y que convendría no retrasar una posible reasignación de trabajadores en previsión de un eventual repunte de la destrucción de empleo en los próximos meses.

Además, mantiene sus previsiones de una caída del PIB de entre el 9% y el 15,1% este año como consecuencia del coronavirus y avisa de que la profundidad de la crisis probablemente provocará «daños persistentes» en el ya de por sí «modesto» crecimiento potencial de la economía española.

Habrá, eso sí, un notable rebote económico en 2021, con un alza de entre el 6,9% y 9,1%. Esta recuperación «solo permitiría retornar a niveles de actividad próximos a los previos a la crisis hacia finales de 2022«, añade el documento. Dado que la incertidumbre va a seguir siendo «relativamente alta», el organismo teme cierta incidencia en las decisiones de gasto y que se vean durante «algún tiempo» tasas de ahorro superiores, constatando ya cierta acumulación de los depósitos.

Asimismo, el gobernador del organismo, Pablo Hernández de Cos, cree que el ingreso mínimo vital aprobado recientemente por el Gobierno puede ser útil para reducir el nivel de pobreza extrema de colectivos con dificultades estructurales especiales, pero estima conveniente «vigilar estrechamente» la posibilidad de que este instrumento, al ser una transferencia permanente, pueda acabar provocando «algunos efectos indeseados».

Por ello, sostiene que medidas como el ingreso mínimo junto con una agenda de reformas estructurales «ambiciosa» para el empleo y la productividad podrían corregir el impacto social de la crisis. No obstante, avisa de posibles efectos no deseados en el ingreso mínimo vital, entre los que menciona la capacidad futura de los beneficiarios de generar ingresos o un posible desplazamiento de algunas actividades económicas a la economía sumergida.

Por otra parte, el organismo avisa de una tendencia de endeudamiento de la economía española hasta niveles de más del 110% y hasta el 125% sin medidas para reducirla tras esta crisis. «La política fiscal tiene que actuar de forma contundente para salvar empleos y empresas», ha dicho De Cos, antes de añadir que «nos encontraremos con el mayor nivel de deuda pública en muchas décadas. Tendremos que embarcarnos en reformas presupuestarias profundas».

El coste final de las medidas adoptadas será elevado, si bien dependerá, en último término, de la capacidad de estas actuaciones para alcanzar los objetivos propuestos. Además, el coste total de esta crisis para las cuentas públicas dependerá no solo del gasto asociado a las medidas discrecionales aprobadas, «sino sobre todo del funcionamiento de los estabilizadores automáticos y de la evolución macroeconómica».

Al respecto recuerda que tras la crisis de 2008 los más perjudicados fueron los trabajadores del sector de las construcción y que en 2013 más de la mitad de los que se quedaron sin empleo permanecían desocupados y solo un 23% había conseguido trabajo en otra rama de actividad.

A juicio de la entidad, la evolución de los ERTE dependerá no solo de sus ventajas económicas, sino también del desarrollo de la crisis sanitaria y de la capacidad de crecimiento y adaptación al nuevo entorno de cada sector y cada empresa, situación en la que parten con ventaja las ramas de manufacturas y las empresas de mayor tamaño.

Al deterioro persistente que esta crisis podría causar al mercado laboral, se suma el daño sobre el tejido empresarial, para el que el Banco de España cree que habría que considerar medidas a corto plazo como el pago inmediato de las devoluciones del IVA o de los saldos pendientes a proveedores por parte de las Administraciones Públicas, así como nuevos programas de liquidez vinculados al cobro de la deuda de sus clientes o a los gastos fijos de su actividad comercial.

Hace hincapié en que las vulnerabilidades que mantenía la economía española a finales de 2019 han condicionado la respuesta a la crisis y la magnitud de la recesión, al no haberse corregido el desequilibrio en las cuentas públicas, la temporalidad del mercado laboral, la escasa productividad o la elevada desigualdad, y al no haberse dado solución tampoco al envejecimiento de la población o al poco margen del sistema fiscal.

Para reducir el déficit aboga por un plan plurianual que vincule a todas las administraciones y para aumentar el margen fiscal incide en redefinir la cesta de impuestos, limitando los tipos reducidos de IVA y el elevado nivel de beneficios fiscales, así como mejorando la eficiencia del gasto.

Sobre las figuras impositivas en tramitación (impuestos digital y financiero) dice que sería conveniente que se coordinaran a nivel internacional, en un contexto en el que algunas bases imponibles pueden desplazarse con una relativa facilidad entre jurisdicciones.

Para el Banco de España el bajo crecimiento de la productividad es el principal factor determinante del modesto crecimiento potencial de la economía española, lo que se explica por el reducido tamaño de las empresas y por menores niveles promedio de capital humano y de capital tecnológico que otras economías de nuestro entorno.

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