Denuncian a dos mandos de la Guardia Civil de Zaragoza por “romper” la cuarentena de dos agentes contagiados de Covid

El juzgado de Instrucción de Gandesa (Tarragona) investiga si dos mandos de la Guardia Civil incurrieron en algún delito al ordenar el traslado de una treintena de guardias civiles a su cuartel de origen a pesar de ser conocedores de que dos de sus compañeros habían dado positivo en Covid-19. Los hechos ocurrieron hace aproximadamente un mes, cuando una varios agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil -dentro de su obligación de cumplir misiones de prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad pública- realizaban labores de vigilancia en la central nuclear de Ascó (Tarragona). Hace algo más de un año que los agentes del GRS se encargan de proteger las centrales nucleares españolas para evitar posibles ataques y, en este caso, estaban destinados en la de Ascó un grupo de 36 GRS pertenecientes al cuartel de Casetas (Zaragoza).

El pasado mes de septiembre, dos de estos agentes presentaron síntomas compatibles con coronavirus pero no fueron aislados del resto de compañeros hasta que no les hicieron la prueba, que dio positivo para los dos funcionarios. Mientras estos dos agentes pasaron la cuarentena, ahora sí, aislados del resto de compañeros en la central de Ascó, los otros 34 agentes fueron trasladados de regreso al cuartel de Zaragoza, pese a haber estado en contacto con sus compañeros contagiados. Una vez en Zaragoza tampoco quedaron en aislamiento y siguieron relacionándose de forma absolutamente normal con el resto de compañeros y sus familias, poniendo así en peligro la vida de muchas personas potencialmente de riesgo.

21 positivos

Días después de su regreso, el pasado 22 de septiembre, se ordenó el cierre del cuartel de los GRS y comenzaron a hacer los test a todos. El resultado fue de 21 positivos de unos 200 agentes del cuartel. Solo seis de ellos pertenecen al grupo de 34 agentes que regresaron de la central de Ascó; es decir, que los 15 restantes podrían haberse contagiado por la presunta negligencia de los mandos que ordenaron ese regreso en lugar de hacerles cumplir, allí en Ascó, el periodo de cuarentena al que obligan las autoridades sanitarias desde el inicio de la pandemia.

Denuncia de Jucil

Por este motivo, la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción de Gandesa (partido judicial al que pertenece Ascó) al comandante Fernando M. P. y al capitán Jesús Á. G. como responsables de esta decisión. Consideran los responsables jurídicos de la formación que podrían haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal), lesiones por imprudencia grave (Artículo 152 del C.P.) o el artículo 316 del Código Penal, que establece que “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”. La denuncia está fechada a 6 de octubre.

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