Condena para el Ministerio del Interior por no proteger a una mujer asesinada en un crimen machista

La mujer solicitó una orden de protección en el puesto de la Guardia Civil, pero no consideraron que estuviera en riesgo.

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior por la inadecuada protección que la Guardia Civil otorgó a una mujer que solicitó una orden de protección como víctima de violencia de género y que fue asesinada por su marido en Sanlúcar La Mayor (Sevilla), según informa 20 Minutos.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo estiman que la Guardia Civil es responsable en la valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer y, en este caso, «la mínima protección policial que se asignó resultó inadecuada, a resultas del asesinato de la denunciante por su marido un mes después de interponer la denuncia».

La Sala resuelve así el recurso que interpuso la familia de la víctima contra la desestimación de la responsabilidad patrimonial del Estado por parte de la Dirección General de la Guardia Civil por delegación del Ministro del Interior.

Según la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Alicia Sánchez Cordero, «la respuesta policial en violencia contra la mujer exige que el sistema pueda prevenir la violencia y revaluar el riesgo, más allá de la recogida de datos automatizados, mediante agentes especializados en su tratamiento y sensibilización en su seguimiento».

Los hechos se remontan a septiembre de 2016 cuando la mujer solicitó una orden de protección en el puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar La Mayor (Sevilla), que fue denegada por el juzgado atendiendo a la existencia de versiones contradictorias, la carencia de antecedentes del denunciado, y a que los agentes calificaron el riesgo para la víctima como «no apreciado».

La Sala afirma que en caso de muerte violenta de una mujer que puso una denuncia contra su marido, que solicitó la adopción de medidas de protección a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, y que tan solo un mes después fue asesinada por aquél, no puede haber ningún deber jurídico que la perjudicada, sus hijos o sus padres deban soportar.

Por ello acuerda una indemnización para los padres (20.000 euros a cada uno) y para los dos hijos menores de la mujer fallecida por el daño moral (70.000 euros a cada uno). En este asunto, observan los jueces, hay elementos, tanto en la denuncia como en la declaración judicial, para que se hubiera dado un mayor nivel de protección por la Benemérita, al menos en el seguimiento del caso que dejaron en manos del Punto de Igualdad municipal.

Entienden los magistrados que «la concienciación social e institucional sobre la importancia del problema de la violencia de género exige una mayor sensibilización de la que mostró en este caso el puesto de la Guardia Civil».

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